Es una obligación del Estado garantizar el derecho a la identidad, que consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona, como sujeto de derechos y responsabilidades y a su vez de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de la persona. Asimismo, es uno de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos de la personalidad jurídica, al nombre y a la nacionalidad.