Defensoría Adjunta de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 2.84

La Defensoría del Pueblo de Niñas, Niños y Adolescentes creada por imperio de la Ley Provincial Nº 6.915, tiene su punto de partida en la estructura orgánica de la Administración Provincial de nuestra provincia a partir del día 2 de julio del 2013, cuando la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia designa al Dr. Luis Horacio Santucho en el cargo de Defensor Adjunto.
El carácter fundamental de la Ley 6.915 es la consagración del paradigma de la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y su visualización como sujetos de derecho, o mejor dicho ciudadanos del mundo como se definieron los hombres de la Revolución Francesa y actores históricos que buscan su reconocimiento social y jurídico.
A partir de esta ley se ha incorporado a nuestra legislación la garantía de prioridad a fin de asegurar la efectivización de los derechos a la vida, libertad, identidad, salud, alimentación, educación, vivienda, cultura, deporte, recreación, formación integral, al respeto, a la comunicación familiar y comunitaria y en general a procurar su desarrollo integral.
Es importante resaltar que la República Argentina ha protagonizado desde el año 2003 hasta el 10 de diciembre del 2015, un proceso político en el cual se ha implementado un notable crecimiento económico con inclusión social. Ello se verifica fundamentalmente en el crecimiento del Producto Bruto y en la evolución del poder adquisitivo de la población, todo ello enmarcado en un modelo de desarrollo de mercado interno, de consumo popular y distribución progresiva del ingreso.
Dicho contexto político y social ha permitido la aparición de importantes leyes, como por ejemplo la Ley Nº 26.601, promulgada el 26 de octubre del 2005 por el presidente Néstor Carlos Kirchner, y la referida Ley Nº 6.915, promulgada el 29 de octubre del 2008 por el Gobernador Gerardo Zamora, que crean un sistema de protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del país y en particular nuestra provincia, en cuya base se encuentra el conjunto de las políticas públicas y universales para el pleno desarrollo de nuestros niños en todas las áreas, haciendo realidad al mismo tiempo las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado en relación con esos derechos.
Asimismo es importante resaltar la extraordinaria reforma integral del Código Civil y Comercial de la Nación, que ha entrado en vigencia el 1º de agosto del año 2015, receptando especialmente en las relaciones de familia los principios básicos de la Convención de los Derechos del Niño.
Las reformas legislativas mencionadas permiten la realización fáctica de la Reforma Constitucional de 1994 en relación a la Convención de los Derechos del Niño aprobada y ratificada por Ley Nº 23.849 e incorporada a la Constitución Nacional con jerarquía superior a las leyes mediante el Art. 75 inc. 22º, donde se consagra el Principios Pro Homine en nuestra Ley Suprema.